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Sistema de reclamaciones mineras viola los derechos indígenas en Columbia Británica

Los indígenas gitxaala libraron una batalla legal en Columbia Británica.

Los indígenas gitxaala libraron una batalla legal en Columbia Británica contra la concesión automática de derechos mineros en sus territorios, sin la debida consulta previa.

Foto: Radio-Canada / Dominique Lévesque

RCI

La Corte Suprema de Columbia Británica dictaminó este 26 de septiembre que el sistema provincial de permisos para la explotación minera es inconstitucional.

El actual sistema de la provincia otorga automáticamente derechos minerales a las empresas mineras que presentan una solicitud a través de un sitio en internet del gobierno.

El fallo del martes encontró que este proceso viola los derechos de las Primeras Naciones.

La Corte ordenó a Columbia Británica reemplazar el sistema actual por uno que garantice aportes y la consulta debida con las comunidades indígenas en cuyos territorios se otorguen esos permisos de minería.

Establecer un sistema en línea que permita el registro automático de reclamaciones mineras en sus territorios, sin crear un sistema de consulta, viola las obligaciones de la Corona, escribió el juez Alan Ross en su decisión de 148 páginas.

La decisión de la Corte estableció que la falla del sistema no radica en la concesión de derechos minerales individuales, sino en las decisiones discrecionales de parte de los responsables gubernamentales en materia de consulta con las Primeras Naciones.

El juez Ross dio al gobierno un año y medio para reemplazar su sistema actual, destacando que su decisión no afecta a ningún reclamo minero actualmente aprobado.

Las dos comunidades indígenas detrás del caso, la Primera Nación Gitxaała y la Primera Nación Ehattesaht, calificaron el fallo como una victoria importante para los pueblos indígenas de la provincia, ya que obliga al gobierno de Columbia Británica a consultar con ellos mientras crea un nuevo sistema.

Sabíamos desde el principio que Columbia Británica tiene el deber de consultar a las naciones indígenas antes de conceder derechos minerales en nuestros territorios, y que no está cumpliendo ese deber, dijo la consejera principal de la Primera Nación Gitxaała, Linda Innes, en un comunicado.

El gobierno provincial ahora debe actuar rápidamente para eliminar su práctica injusta de vender nuestros derechos sin nuestra consulta o consentimiento.
Una cita de Linda Innes, consejera principal de la Primera Nación Gitxaała.

Innes discrepó con el hecho de que el fallo de la Corte no incluyó la cancelación de los permisos mineros existentes en sus tierras que los indígenas gitxaała estaban impugnando, algo que, según ella, deja nuestro territorio abierto a la explotación continua sin el consentimiento de su nación.

El territorio de la Primera Nación Gitxaała se encuentra al sur de Prince Rupert en la costa norte de Columbia Británica. El territorio de la Primera Nación Ehattesaht se encuentra en la costa noroeste de la isla de Vancouver.

Edificio de madera situado en la Primera Nación Ehattesaht, cuyo nombre está escrito en una valla delante del edificio.

La Primera Nación Ehattesaht es una de las 14 naciones Nuu-chah-nulth de la isla de Vancouver y cuenta con más de 500 miembros.

Foto: Première Nation Ehattesaht

La satisfacción de las mineras

Los representantes de la industria minera dijeron que acogieron con satisfacción el fallo, en particular la extensión de 18 meses que otorga al sistema actual y el mantenimiento de los permisos existentes, a pesar de que el proceso que permitió esos permisos fue considerado inconstitucional.

La Asociación para la Exploración Minera dijo en un comunicado que el lapso otorgado de un año y medio proporciona claridad y previsibilidad para la industria, al tiempo que permite la modernización largamente esperada de la Ley de Tenencia de Minerales de la provincia.

Nuestro objetivo es garantizar que el proceso de reclamación de derechos minerales siga siendo competitivo y eficiente... al mismo tiempo que respete los derechos de los pueblos indígenas. Sabemos que existe una oportunidad para un proceso más inclusivo, dijo la presidenta de la asociación, Keerit Jutla.

Un abogado de la Primera Nación Gitxaała calificó el fallo como una victoria significativa.

El consentimiento de las Primeras Naciones debe ser la base de un régimen minero moderno en Columbia Británica, dijo Jessica Clogg, directora ejecutiva de West Coast Environmental Law.

El fallo también causa alarma

Algunos miembros de la comunidad jurídica reaccionaron con alarma ante un aspecto de la decisión del juez Alan Ross.

Su fallo plantea dudas sobre la solidez de una pieza central de las promesas de reconciliación de parte del gobierno de Columbia Británica, dirigido por el Nuevo Partido Democrático.

La provincia aprobó la Ley de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a finales de 2019, una ley que según el sitio en internet del gobierno establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como el marco de referencia de la provincia para la reconciliación.

Esa Ley de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, según las autoridades de la provincia, ordena al gobierno a alinear las leyes provinciales con la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En el momento de su publicación, el Ministerio de Relaciones y Reconciliación Indígenas de Columbia Británica promocionó esa ley como la primera en Canadá en la materia.

Hoy hemos hecho historia, decía en ese momento un comunicado publicado en el sitio en internet del gobierno de la provincia. Columbia Británica es la primera provincia de Canadá que consagra en la ley los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Pero en su sentencia, el juez Ross dijo que consideraba que la legislación de Columbia Británica no había consagrado la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el sistema legal de la provincia, afirmando que sólo podía servirse de ella como ayuda interpretativa en la elaboración de su fallo.

Considero que la Ley de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas... no incorpora la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en las leyes domésticas de Columbia Británica, escribió Ross, añadiendo que no crea derechos exigibles ante un tribunal.

Kasari Govender

Kasari Govender, Comisionada de Derechos Humanos en la provincia de Columbia Británica.

Foto: Radio-Canada

Este fallo es alarmante para la Comisionada de Derechos Humanos de la provincia, Kasari Govender, que intervino en las demandas de las dos Primeras Naciones.

Ella manifestó su decepción ante la devaluación de la Ley de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Columbia Británica.

La decisión de hoy indica que la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sigue sin tener fuerza de ley en Columbia Británica, advirtió. La Ley de la Declaración no debe ser meramente simbólica.

Fuente: CBC / D. P. Ball

Adaptación: RCI / R. Valencia

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