Ciudades y pueblos bilingües en la provincia de Quebec se unen contra la Ley 96

Todas las ciudades y pueblos que participan en la impugnación de la Ley 96, incluidas Côte St-Luc, Beaconsfield, Dorval, Kirkland, Montreal Oeste y Westmount, tienen estatus bilingüe.

La Ley en cuestión modifica varios textos legislativos quebequenses, entre ellos la Carta de la Lengua Francesa, haciendo más difícil recibir servicios en inglés.

Los alcaldes dicen estar preocupados por las comunicaciones, los registros e incautaciones ilegales, las subvenciones del gobierno y la obligación, establecida en la ley, de disciplinar a los empleados públicos que incumplan las normas trabajando en inglés.

La impugnación fue presentada ante la Corte Superior.

Dale Roberts-Keats, alcaldesa de Bonne-Espérance, municipio de la costa norte, a unos 60 km de la frontera con la provincia de Terranova y Labrador y con menos de 700 habitantes, afirma que la nueva ley no es razonable.

Es absurdo que en nuestro municipio, donde el 99% de la población habla inglés, no podamos firmar contratos con los proveedores en inglés. En nuestra oficina, todos hablamos el inglés, así que ¿cómo vamos a hacerles entender un contrato que sólo está redactado en francés? Es absurdo.

Llevamos décadas luchando por los derechos de nuestra población inglesa, y no ha sido nada fácil. Ahora, el proyecto de ley 96 no hará sino agravar la situación, afirmó Roberts-Keats.

Alex Bottausci, alcalde de Dollard-des-Ormeaux, ciudad de 48.200 habitantes situada en la parte oeste de la Isla de Montreal, apuntó contra el artículo 117 de la ley, que, según él, le permite al gobierno de la provincia retener las subvenciones a los municipios que no sigan las normas de la Ley 96.

Cuando se pierde ese dinero de las subvenciones, estamos hablando de carreteras, infraestructuras, construcción, que también benefician a los residentes francófonos y alófonos.

Añadió que al vincular las subvenciones a los municipios a las leyes de protección del francés, Quebec está creando problemas donde no los hay.

Poderes "abusivos" otorgados a los inspectores de la lengua francesa

Mitchell Brownstein, alcalde de Côte Saint-Luc, subrayó que la ley otorga a los inspectores de la Oficina Quebequense de la Lengua Francesa (OQLF), el organismo de control lingüístico de la provincia, mayores poderes que contradicen la Ley de Acceso a los Documentos de los Organismos Públicos, mantenida por los organismos públicos.

Esos poderes otorgados también afectan la protección de la información personal.

El artículo 117 permite a los inspectores de la OQLF realizar registros e incautaciones sin orden judicial y sin previo aviso.

Según los términos de la Ley 96, los inspectores están facultados para examinar la información que se encuentra en los teléfonos inteligentes de los empleados públicos y otra propiedad intelectual, que es más de lo que se le permite a la policía en una investigación criminal, dijo Brownstein.

Estas inspecciones son ilimitadas, incontroladas y, por tanto, irrazonables y abusivas.

Brownstein invitó a todas las ciudades bilingües a declarar públicamente que sus respectivos ayuntamientos prestarán servicios en inglés sin condiciones e instó al gobierno a utilizar estrategias positivas para proteger el francés, como mejorar el acceso a la educación, en lugar de adoptar leyes punitivas y contrarias a la democracia.

Es sencillo crear una legislación por arriba, pero cuando llega a los niveles inferiores [del gobierno], de repente es cuando hay una desconexión, explicó el alcalde de Côte Saint-Luc.

Un recurso "creativo", según una abogada de derechos humanos

La abogada de derechos humanos Pearl Eliadis calificó el planteamiento jurídico de los municipios de más creativo porque no se basa principalmente en impugnar el uso preventivo por parte de la provincia de la cláusula derogatoria de la Constitución canadiense.

Están planteando la forma en que se redacta el borrador de la ley y la definición de quién es anglófono y quién no, así como la forma en que van a funcionar los municipios anglófonos, dijo.

La gran cuestión aquí es si una Corte Superior, una Corte de apelación o incluso la Corte Suprema de Canadá establecerá alguna salvaguarda en torno al uso de la cláusula derogatoria.

La abogada cree que el caso acabará llegando a la Corte Suprema y, potencialmente, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Un portavoz de Eric Girard, ministro responsable de las relaciones con los quebequenses anglófonos, declinó hacer declaraciones y dijo que el ministro comentará el viernes el recurso judicial.

Fuente: CBC / H. Cabrera

Adaptación: RCI / R. Valencia