Familiares de un mexicano asesinado demandan a Canadá ante una corte internacional

El Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, una iniciativa canadiense llevada adelante por abogados voluntarios, presentó en nombre de la familia de Mariano Abarca una denuncia contra la minera canadiense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La denuncia alega que Canadá incumplió sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al presionar a las autoridades mexicanas para que impulsaran el proyecto minero, a pesar de tener conocimiento de amenazas relacionadas con la vida de Abarca.

Los partidarios del activista mexicano asesinado han agotado las vías legales en los tribunales canadienses sin obtener resultados en su búsqueda de justicia.

El caso se remonta a 2007, cuando la empresa Blackfire Exploration Ltd., con sede en Calgary, abrió una mina de barita en el estado de Chiapas, en México, lo que provocó la oposición de la población local, seguida de manifestaciones y el bloqueo de una ruta que llevaba al lugar del proyecto.

Tras ser golpeado y amenazado de muerte por encabezar las protestas contra el impacto ambiental y social de la mina, Abarca fue asesinado a tiros frente a su casa el 27 de noviembre de 2009.

Búsqueda de justicia en Canadá

Varios años después, miembros de la familia de Abarca y organizaciones preocupadas por los abusos cometidos por las empresas mineras pidieron a Joe Friday, comisionado para Integridad del Sector Público de Canadá, que investigue si se cometieron irregularidades por parte de los miembros de la embajada canadiense en México.

Familiares y organizaciones afirmaron que la política federal exige que las embajadas canadienses promuevan la responsabilidad social de las empresas y evalúen los posibles efectos sobre los derechos humanos, incluida la violencia.

Los defensores también argumentaron que la embajada nunca investigó el origen de las tensiones entre la comunidad y la minera canadiense Blackfire, y tampoco llevó a cabo una evaluación de los riesgos relacionados con la violencia.

Además, los familiares y grupos señalaron que aunque los funcionarios de la embajada se reunieron con funcionarios mexicanos para abogar en nombre de la minera Blackfire, no hubo ninguna indicación de que la representacièon diplomática canadiense haya presentado sus preocupaciones al gobierno mexicano sobre la seguridad de Abarca o la importancia de respetar valores democráticos como la libertad de expresión.

Sin embargo, pese a los argumentos presentados, Joe Friday, el comisionado para Integridad del Sector Público de Canadá, decidió no llevar a cabo una investigación.

En abril de 2018, Friday determinó que no hubo incumplimiento del código de conducta ni irregularidades por parte de la embajada en sus interacciones con la minera Blackfire, dado su mandato de ayudar a las empresas canadienses en el extranjero.

Friday también concluyó que la embajada no había ignorado las preocupaciones en materia de derechos humanos, señalando que después de que Abarca fuera detenido por la policía en 2009, la embajada buscó información sobre su detención.

La Corte Federal concluyó que era razonable que el comisionado Friday decidiera no investigar, sentencia confirmada por la Corte Federal de Apelación. En enero de este año, la Corte Suprema de Canadá dijo que no considerará el caso.

Como miembro de la Organización de Estados Americanos, Canadá está obligada a respetar las normas establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirman los defensores de Abarca.

La denuncia sobre el caso de Abarca pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establezca que Canadá debe hacer reparaciones por la violación de su derecho a la vida, a la libertad de expresión, de asociación y al debido proceso legal.

José Luis Abarca Montejo, hijo de Mariano Abarca, dijo en un comunicado difundido por MiningWatch Canada, una organización no gubernamental, que Ottawa se ha negado a investigar si los funcionarios canadienses tienen alguna responsabilidad en el asesinato de mi padre.

Este caso es importante, no sólo para mi familia, sino para todos los demás defensores de los derechos humanos y del medio ambiente de todo el mundo que tienen la desgracia de llamar la atención de los intereses mineros canadienses, explicó el hijo del activista mexicano asesinado.

Fuente: CBC / CP

Adaptación: RCI / R. Valencia