Indígenas xinca se enfrentan a una minera canadiense y al silencio de una Defensoría

Pese a esta situación, en Guatemala el pueblo indígena xinca está exigiendo que Canadá tome medidas concretas ante el robo de sus tierras por una empresa minera canadiense.

Sheri Meyerhoffer, quien trabajó por 17 años para la industria de los combustibles fósiles y que ahora ocupa el cargo de Defensora del Pueblo Canadiense para la Conducta Empresarial Responsable, se ha negado a conversar con Espaces Autochtones, Espacios Indígenas, una unidad del difusor público canadiense Radio-Canada dedicado a informar sobre la situación de los pueblos indígenas.

Ante las solicitudes de entrevista de parte de Espacios Indígenas, el departamento de comunicación de esa entidad remitió sistemáticamente a su página en internet y a sus informes trimestrales. Uno de sus últimos informes de 28 páginas tiene un título que dice Building Public Trust, (Construyendo la confianza del público).

Canadá tiene en América Latina grandes inversiones mineras. Una mina en Guatemala, Escobal, que primero fue propiedad de la minera Goldcorp, después perteneció a Tahoe Resources y que finalmente pasó a la propiedad de Pan American Silver, es un ejemplo. Todas estas empresas son canadienses.

Desde un principio, el pueblo indígena xinca se opuso a la presencia de esta misma mina canadiense, que extrae plata en el sureste del país desde 2007.

Los xincas afirman que la mina ha puesto en peligro sus recursos de agua potable, ha contaminado y secado ríos, ha multiplicado por cuatro la presencia de arsénico y ha dañado la montaña a la que los xincas consideran sagrada.

Peor aún, los indígenas xinca afirman que la minera canadiense ha negado durante mucho tiempo su propia existencia como pueblo indígena en este territorio.

La situación llegó a un punto crítico en 2013, cuando el jefe de seguridad de la mina ordenó reprimir una manifestación pacífica. Los guardias dispararon contra los manifestantes, hiriendo a 12 de ellos. Otros cuatro xincas fueron secuestrados y uno asesinado.

Según el organismo Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, asociado a las mayores universidades canadienses, entre 2000 y 2015 las empresas mineras canadienses que operan en América Latina estuvieron implicadas en 44 muertes, 30 de ellas consideradas selectivas. También hubo 403 heridos, 363 de los cuales se produjeron durante manifestaciones y enfrentamientos.

Kelvin Jiménez es miembro del Parlamento Xinca, organismo que reúne a las autoridades indígenas de su territorio. Él explicó que la llegada de la minera canadiense Goldcorp nos obligó a dejar de lado nuestra lucha por salvar nuestra lengua y, en cambio, salvar nuestro territorio.

Según el último censo nacional, los xincas son más de 250.000 personas en Guatemala y estaban presentes en el territorio incluso antes que los mayas.

En la lucha por la defensa de sus territorios ancestrales, Kelvin Jiménez acudió en varias ocasiones a la Embajada de Canadá en Guatemala. A partir de 2011, íbamos a la embajada canadiense una vez por semana, llevando una carta y una flor y para decirles que no queríamos esta mina, cuenta.

Cuando en 2018 Kelvin Jiménez fue informado de la creación de la Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable, él creyó ver la luz al final del túnel. Por fin, la situación de los xinca iba a llegar a oídos de Ottawa. Sin embargo, esas esperanzas no duraron mucho. El indígena xinca acabó preguntándose cuáles eran realmente las competencias de esa defensoría que debía asegurarse que las compañías canadienses actúen responsablemente en el exterior y no violen los derechos de los pueblos indígenas.

Las preocupaciones del xinca Jiménez no eran únicas. Organismos no gubernamentales y especialistas entrevistados por Espacios Indígenas fueron categóricos: para ellos, presentar una queja ante la Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable es una pérdida de tiempo.

Algunas de las personas entrevistadas mencionaron incluso que ese organismo canadiense boicotea el trabajo de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Nunca aconsejaríamos presentar o no una queja, pero nuestro análisis es que, con el mandato actual de la Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable, hacerlo es más bien una pérdida de tiempo. No es una oficina que vaya a responder a tus necesidades.

Este organismo, cuya sede se encuentra en la capital, Ottawa, tiene como misión trabajar para garantizar que las empresas canadienses respeten los derechos humanos y el medio ambiente en sus actividades en el extranjero.

Otro organismo de la sociedad civil que coincide en esa perspectiva es Oxfam Canadá. No recomendamos a nuestros aliados que presenten denuncias, afirmó Dana Stefov, analista política en esa entidad.

Esto podría explicar, según las ONG, el escaso número de denuncias presentadas ante esa defensoría, unas 20 en los cinco años transcurridos desde su creación.

¿Un puma sin dientes?

Según las partes interesadas, como los organismos no gubernamentales, la Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable, no tiene ningún poder real.

La primera propuesta de creación de un defensor del pueblo en enero de 2018 le otorgaba el poder de citar testigos y examinar documentos en poder de las empresas, pero tras una intensa presión por parte de la industria minera, los poderes de investigación le fueron retirados en abril de 2019.

Imai, quien lleva una década trabajando en cuestiones de derechos humanos relacionadas con las empresas mineras canadienses, ilustró la situación con una analogía: imagina que ocurre un asesinato y que has capturado al sospechoso, pero es él quien puede decidir si la policía puede registrarle, investigar en su casa o hablar con sus vecinos.

Si no se le dan poderes, la situación se hace problemática. Hoy vemos a la Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable como un cascarón vacío.

El gobierno ha cedido a la presión de los grupos de presión y de la industria. Todo se basa ahora en la buena voluntad de las empresas, explicó Dana Stefov, de Oxfam Canadá.

Emily Dwyer es aún más categórica: no vale la pena dar dinero a una oficina ineficaz.

En su informe trimestral, la Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable afirmó que si las partes están de acuerdo, la Defensoría puede recurrir a una investigación conjunta. Si esto no es posible, esa defensoría puede llevar a cabo una investigación independiente de los hechos.

Guadalupe García, coordinadora del Observatorio de las Industrias Extractivas, una plataforma de investigación sobre empresas mineras, pudo reunirse con Sheri Meyerhoffer, la Defensora del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable.

Ella me dijo que solo puede hacer recomendaciones y que no puede obligar a la mina a entregar documentos. Sin embargo, esos documentos son la prueba de que la mina negaba la existencia de los xincas.

Durante esta conversación, Meyerhoffer admitió que la Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable no tiene poder para penalizar o sancionar, pero que puede recomendar al Ministro y al Gobierno que tomen medidas.

El departamento de comunicación de esa defensoría confirmó esa declaración.

La Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable no puede hacer nada por nosotros.

Kelvin Jiménez, del Parlamento Xinca, está de acuerdo con esa conclusión.

No tienen fuerza para exigir responsabilidades a las empresas, sólo dan directrices. El mensaje que transmite es que el gobierno canadiense está aquí sólo para sacar provecho, sin importar si eso conlleva que se cometan actos de violencia, dijo Kelvin Jiménez.

El Defensor del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable está ahí ante todo para asegurarse de que las cosas van bien para las mineras.

En una respuesta enviada por correo electrónico en inglés, la Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable afirmó que puede solicitar documentos a las empresas.

Cuando una empresa no participa en un procedimiento de investigación, el defensor del pueblo puede adoptar conclusiones negativas [...]. Además, cuando una parte no participa activamente en el proceso de examen sin una explicación razonable, puede considerarse que no ha actuado de buena fe. En este caso, esta Defensoría puede recomendar al Ministro que revoque [su apoyo] a la empresa, así como cualquier financiación futura [de parte del Ministerio], comunicó su oficina de prensa.

El reto de la transparencia

Organismos no gubernamentales expertos y activistas de derechos humanos también denunciaron la opacidad de la Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable, pese a que ese organismo se dice transparente.

En su página en internet es imposible ver en detalle el trabajo realizado desde su creación. Sin embargo, este organismo cuenta con un presupuesto de 4,3 millones de dólares y en el presupuesto de 2021 se propuso dotarla con 16 millones adicionales a lo largo de cinco años, de 2021 a 2023.

En total, en esta defensoría trabajan 20 personas, entre ellas 17 expertos.

En el mejor de los casos, la Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable informó que está tramitando actualmente 16 reclamaciones, 13 de ellas en el sector de la confección, dirigidas contra China, Bangladesh y Honduras.

Otra queja, que se recibió en el primer trimestre de 2023, se refiere a una empresa minera de Pakistán que supuestamente no respetaba los derechos humanos.

La realidad es que no es posible saber qué grupos u organizaciones presentaron las denuncias ni a qué empresas iban dirigidas. "Esto es para respetar la confidencialidad de todas las partes", dijo la Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable mediante correo electrónico. Por lo menos hasta que se complete el informe de evaluación inicial.

Tras semanas de contacto con el departamento de comunicación de esta defensoría, finalmente dejaron saber que en las próximas semanas se publicarían 15 informes de evaluación inicial.

Emily Dwyer, directora de políticas de la Red canadiense de responsabilidad corporativa, dijo que está muy bien poner palabras clave como ‘transparencia’ en tu página en internet, pero si no lo demuestras con tus actos…

Dwyer también criticó los retrasos en la tramitación de las quejas. Mencionó un caso de alegaciones de trabajo forzado de personas uigures impuesto por una empresa canadiense. Ha pasado un año y todavía están en la fase inicial de evaluación, explicó.

Sheri Meyerhoffer se reúne con grupos de cabildeo empresarial

Mediante una búsqueda en el registro de grupos de cabildeo de Canadá, Espacios Indígenas pudo establecer que la defensora Meyerhoffer se reunió el 28 de octubre de 2022 con la Asociación de Exploradores y Productores de Canadá, un grupo de presión del sector de la energía y recursos naturales.

También se reunió con la Asociación Minera de Canadá el 25 de mayo de 2022 y el 20 de junio de 2022.

Que se reúna con los grupos de presión es normal. Pero, ¿por qué lo hace? ¿Por complacencia o para negociar mejoras? Y si se hace a puerta cerrada, el ser humano se inclina a creer que lo que ocurre en esas reuniones no es lo más adecuado.

No compartir ninguna información es problemático, añade Emily Dwyer, que también subraya el interés público de la la Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable.

Una percepción de conflicto de intereses

Guadalupe García afirmó que es difícil tener confianza en Sheri Meyerhoffer.

En su currículum, Meyerhoffer afirma tener 17 años de experiencia como abogada en la industria del petróleo y el gas. Esto incluye un cargo en la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo en la década de 1990. Añade que también tiene 13 años de experiencia en gobernanza internacional y derechos humanos.

Hay un conflicto de intereses. Su antiguo cargo de abogada no le ayuda a estar realmente abierta a lo que la gente pueda decir sobre la industria minera. No es difícil imaginar que ella pueda estar del lado de los derechos humanos.

Esto es menos problemático para France-Isabelle Langlois, de Amnistía Internacional Canadá, y para el profesor Shin Imai. Esa trayectoria no la descalifica, puede ser una ventaja si conoce bien el derecho internacional, dijo Langlois.

No es necesariamente malo, pero tiene que ser capaz de demostrar que entiende a ambas partes. Es preocupante que se niegue a hablar con los periodistas, porque demuestra que no es neutral, afirmó Imai.

Guadalupe García también lamentó que la Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable haga parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá. Mediante correo electrónico, ese ministerio aseguró que esta defensoría es una entidad independiente.

La Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, pero más concretamente de Mary Ng, ministra de Comercio Internacional, Promoción de las Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico, añadió Dana Stefov, analista política de Oxfam Canada.

Por escrito, la Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable informó que depende directamente del Ministro de Comercio Internacional y que su presupuesto independiente es sometido al Consejo del Tesoro.

En Guatemala, la mina Escobal ha suspendido sus operaciones a la espera de que concluya un proceso de consulta que llega demasiado tarde para los xincas. La empresa minera solamente está manteniendo los túneles.

Para los indígenas guatemaltecos, el daño ya está hecho. Kelvin Jiménez y Guadalupe García hablan de un daño medioambiental, social e incluso espiritual para los xincas. Un daño irreparable.

Fuente: Espacios Indígenas / D. Jung

Adaptación: RCI / R. Valencia