Informe sobre la masacre en Nueva Escocia: se debe parar la violencia de género

Entre el 18 y 19 de abril de 2020, Gabriel Wortman cometió múltiples tiroteos y provocó incendios en 16 lugares en diversas comunidades de Nueva Escocia, matando a 22 personas e hiriendo a otras tres antes de ser abatido por agentes de la Real Policía Montada de Canadá en Enfield.

Al describirla como una epidemia igual que la pandemia del Covid-19, el informe destaca la necesidad de una respuesta significativa de toda la sociedad.

Estamos de acuerdo en que reconocer la violencia de género, de pareja y familiar como una epidemia es un valioso primer paso necesario para prevenir y erradicar estas formas de violencia, señalaron en su informe los miembros de la Comisión de Pérdidas en Masa.

La palabra 'epidemia' significa el alcance del problema como imperante y arrollador, y también habla de su carácter tóxico y malsano, dice el texto.

La comisión formuló 17 recomendaciones para hacer frente a la violencia de género, entre ellas una financiación a nivel epidémico para las agencias y organizaciones dedicadas a la intervención.

Entre los llamados a un cambio sistémico por parte de los gobiernos, las fuerzas del orden y los organismos reguladores, figura un llamado hecho a los hombres para que emprendan acciones individuales y concertadas que contribuyan a acabar con la epidemia.

Nuestro objetivo no es demonizar a todos los hombres como autores de violencia. Al mismo tiempo, creemos que los hombres pueden asumir la responsabilidad de acabar con la violencia en nuestras comunidades modificando las normas tradicionales y las expresiones nocivas de la masculinidad.

Este 30 de marzo, el comisionado Michael MacDonald dijo que es hora de que los hombres empiecen a reconocer la realidad de la violencia de género y pongan de su parte.

A través de organizaciones comunitarias, las mujeres han estado soportando casi exclusivamente y durante demasiado tiempo, la carga de proteger a las mujeres. Los hombres que lideran la sociedad tienen que denunciar esa violencia como lo que es: una epidemia.

Los comisionados señalaron que los tiroteos ocurridos en abril de 2020 se produjeron tras una serie de fallos sistémicos en torno a la aplicación de la ley y la intervención, principalmente por parte de la policía, en los años anteriores a los tiroteos masivos.

El autor de los disparos tenía un historial de comportamiento violento contra sus pacientes, sus vecinos y su cónyuge de hecho, Lisa Banfield.

El hecho de que la policía no respondió a las múltiples denuncias de actos de violencia cometidos por el autor del tiroteo es un ejemplo de las formas en que no abordamos adecuadamente la violencia de género, escribieron los comisionados.

Durante demasiado tiempo hemos percibido erróneamente la violencia masiva como nuestra mayor amenaza, sin tener en cuenta su relación con otras formas de violencia más generalizadas, dice el informe. Lo hacemos a expensas de la seguridad pública y el bienestar de la comunidad.

Oportunidades perdidas para intervenir

Los autores del informe escribieron que los modos de actuar y la escalada de violencia de parte del pistolero habrían podido ser abordadas antes de los asesinatos, señalando que muchas señales de alarma sobre su comportamiento violento e ilegal eran ya conocidas por un amplio grupo de personas.

Con demasiada frecuencia, la violencia de género, la violencia en la pareja y la violencia familiar son precursoras de formas de violencia que después se identifican más fácilmente como de preocupación ‘pública’, señala el informe.

Ignoramos estas formas de violencia por nuestra cuenta y riesgo.

Los familiares del autor de los disparos declararon a la comisión que su padre abusó de él cuando era niño. Por otro lado, en varias entrevistas con la policía y la comisión, la cónyuge Lisa Banfield describió con detalle los abusos que sufrió durante su relación de 19 años con el autor de la masacre.

Vecinos y amigos de la pareja también describieron varios incidentes en los que el pistolero atacó a Banfield delante de ellos, aunque el informe señala que no se tomó ninguna medida efectiva para interrumpir la violencia del agresor. En dos ocasiones, otras personas denunciaron las agresiones a la policía, pero los uniformados nunca intentaron hablar con ella.

El informe señaló que el autor de los disparos se benefició de un trato preferente y de prejuicios implícitos en la toma de decisiones policiales debido a su condición de hombre blanco, rico y propietario de su propia clínica dental.

El documento describió las barreras que impidieron a las mujeres agredidas y a los miembros de la comunidad denunciar esos actos de violencia, entre ellos el miedo a las represalias y la falta de confianza en una respuesta policial adecuada.

Los impedimentos para denunciar hicieron que se ignoren las señales de alarma y se pierdan las oportunidades de interceder ante su conducta.

El informe también destacó la respuesta displicente de la policía a las denuncias que se hicieron sobre el pistolero en 2010, 2011 y 2013, citando como prueba la rapidez con la que se cerraron los expedientes y el hecho de que no se buscara ni entrevistara a ningún testigo.

La violencia del autor fue denunciada, investigada y, en algunos casos, presenciada por la policía, pero con repercusiones o intervenciones mínimas, señala el informe. Identificamos varios patrones problemáticos en la respuesta policial: prejuicios implícitos, falta de investigación, una pobre toma de notas y mantenimiento de registros.

Lisa Banfield fue revictimizada

A pesar de estos antecedentes, la comisión señala que la Real Policía Montada de Canadá no trató a Banfield como una superviviente de una serie de tiroteos masivos. Meses después de la masacre, ella fue acusada, junto con dos miembros de su familia, de proporcionar munición al pistolero. Esos cargos fueron resueltos cuando Banfield fue referida a un proceso de justicia reparadora.

El informe detalla una nueva revictimización tras los asesinatos, y los cargos presentados contra Banfield, por parte de miembros del público que consideraron a Banfield de alguna manera responsable de la matanza, a pesar de que la misma RPMC confirmó que su investigación no revelaba tal responsabilidad".

Este trato injusto se deriva de estereotipos y prejuicios y los perpetúa, y tiene un efecto potencialmente amedrentador sobre otras supervivientes de violencia de género, escribieron los comisionados.

Ella no es de ningún modo responsable de las acciones del agresor, sino más bien una víctima de sus actos violentos. Ella no estaba al tanto de lo que él planeaba, ni es razonable considerarla responsable de la falta de denuncia de sus comportamientos violentos anteriores.

La forma en que fue tratada tras esta masacre, que comenzó como una agresión contra ella, es vergonzosa, declaró este jueves la abogada de Lisa Banfield, Jessica Zita. Pero este informe es el primer paso para evitar que una cosa así vuelva a ocurrir.

El informe pide una reforma significativa de las respuestas policiales, citando fallos sistémicos en la respuesta a las denuncias de amenazas, la no imputación de cargos incluso cuando existen políticas de imputación obligatoria, la no búsqueda de denuncias, cargos o condenas anteriores y el no haber tomado en serio la situación.

En particular, el informe pide que se modifique el Código Penal canadiense para reconocer como legítima defensa la violencia reactiva ejercida por mujeres que se encuentran sometidas a un control coercitivo.

La recomendación responde a los aportes de los defensores de los derechos de las mujeres que afirman que las políticas de acusación obligatoria han fracasado, ya sea porque suponen un obstáculo para denunciar o porque ponen en mayor peligro a las mujeres que enfrentan cargos.

Las políticas han contribuido significativamente a la criminalización de las mujeres supervivientes de la violencia de pareja porque, cuando las supervivientes toman represalias como forma de autodefensa, también son acusadas, escribieron los comisionados.

Las masacres pueden prevenirse

El informe señala que los atentados masivos son un fenómeno de género cometido casi siempre por hombres y que el patrón de escalada que va de la violencia de género hasta los atentados masivos está bien documentado.

Aunque sucesos concretos como los tiroteos masivos no pueden predecirse, los autores del informe destacaron que pueden prevenirse mediante la creación de un sistema que permita reconocer mejor las señales de alarma y los factores de riesgo.

Aunque ninguna persona o institución podría haber predicho las acciones específicas del perpetrador cometidas el 18 y 19 de abril de 2020, sus patrones y su escalada de violencia podrían y deberían haber sido abordados, escriben los comisionados.

Era totalmente previsible que él iba a seguir haciendo daño a la gente hasta que una intervención eficaz interrumpa sus pautas de comportamiento.

El informe proporciona múltiples ejemplos de áreas que necesitan reformas para proporcionar una mayor seguridad a las mujeres que sufren violencia de género, incluyendo el acceso a una vivienda segura y asequible; la eliminación de las barreras sociales o económicas para las mujeres que dejan a sus parejas; y lo más importante, una financiación estable y a largo plazo para todos los servicios de prevención, intervención y respuesta a la violencia de género.

En pocas palabras: nuestros fracasos colectivos y sistémicos son atribuibles al hecho de que no financiamos suficientemente la seguridad de las mujeres, destaca el el informe.

Otras recomendaciones en el informe señalan que los gobiernos, los proveedores de servicios, las organizaciones comunitarias y otras partes implicadas en el sector de la defensa y el apoyo a las víctimas de violencia de género deben adoptar un enfoque sistémico para conocer y eliminar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres supervivientes, centrándose en las diversas necesidades de las mujeres supervivientes marginadas y en las necesidades de otras mujeres vulnerables como consecuencia de su precaria condición o situación.

La policía y los fiscales deben considerar cuidadosamente el contexto de la violencia de pareja cuando se considere presentar cargos penales contra supervivientes de dicha violencia; y deben involucrar a expertos en la materia para ayudar a garantizar que se comprende la dinámica de la violencia de pareja.

Los gobiernos provinciales y territoriales deben incluir la formación obligatoria en las escuelas primarias sobre violencia de género y las formas de intervención de aquellas personas que son testigos de esos actos.

También se recomienda revocar automáticamente las licencias de armas de fuego de las personas condenadas por violencia doméstica o delitos relacionados con el odio, y suspender las licencias de cualquier persona acusada de tales delitos.

Fuente: CBC / R. Davenport

Adaptación: RCI / R. Valencia