1. Página de inicio
  2. Internacional
  3. Iniciativa empresarial

[Reportaje] Sin saberlo, canadienses compran bienes producidos con trabajo forzado

Desde alimentos hasta aparatos electrónicos y ropa, muchos bienes disponibles en comercios canadienses son producidos a través de prácticas coercitivas y abusivas. Activistas en Canadá quieren que políticos del país actúen contra esas prácticas, algunas de las cuales ocurren en América Latina.

People crowd around a Toronto Starbucks to use its free wifi on the Bell network Friday morning during a major outage of Rogers Communications' mobile and internet networks that was causing widespread disruptions across Canada.

Organismos de la sociedad civil piden a legisladores canadienses actuar firmemente para que los productos del trabajo forzado y la esclavitud moderna no lleguen al país y para evitar esas prácticas abusivas en el mundo.

Foto: (Chris Helgren/Reuters)

Paloma Martínez Méndez

Al inicio de la nueva sesión parlamentaria canadiense que comienza el 30 de enero, diputados y ministros canadienses debatirán un gran número de proyectos de ley. 

Uno de ellos es la Ley de lucha contra el trabajo forzado y el trabajo infantil en las cadenas de suministro, también llamado S-211. 

Aunque nadie se opone a la virtud, el proyecto "no tiene dientes", insinúa la directora de políticas de la Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises/Canadian Network on Corporate Accountability, Emily Dyer. 

Desafortunadamente, las virtudes reales y concretas no son evidentes. El proyecto de ley solo exige a las empresas canadienses un informe anual sobre si han tomado o no alguna acción para identificar el uso del trabajo forzado en sus cadenas de suministro. No las obliga a tomar ninguna acción concreta ni a prevenir los daños. 
Una cita de Emily Dyer, Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises/Canadian Network on Corporate Accountability

Casos y ejemplos en América Latina

Des graines de café verts sur une bâche.

Brasil es el segundo exportador más importante de café hacia Canadá.

Foto: Radio-Canada

En 2019, inspectores del Ministerio de Trabajo de Brasil efectuaron una redada en dos grandes plantaciones del estado de Minas Gerais y encontraron a 59 trabajadores -incluidos niños de 13 años-, todos indocumentados, mal pagados y sin los equipos de seguridad que exige la ley.

La investigación llevada a cabo por la Fundación Thomson Reuters a lo largo de seis meses reveló la existencia de un extenso trabajo en condiciones de esclavitud en la multimillonaria industria brasileña del café, a pesar de años de esfuerzos por sanear el sector, lo que ahora podría poner en peligro las ventas.

Además, la investigación reveló que el café producido mediante trabajo forzado en Brasil había obtenido erróneamente un sello libre de esclavitud, emitido por los principales sistemas de certificación.

AÇAILÂNDIA, BRAZIL - APRIL 10: Former slave Miguel de Alexandre sits with his children at his house on April 10, 2015 in Açailândia, Maranhão state, Brazil.  (Photo by Mario Tama/Getty Images)

Casos de esclavitud en Brasil han sido documentados desde el 2015. En la foto, un activista y ex esclavo (aunque no relacionado con los casos del café), Miguel de Alexandre, en su casa en Brasil.

Foto: Getty Images / Mario Tama

Gracias a esos sellos, el café es vendido a los principales minoristas, incluidos Starbucks y Nespresso, que venden sus productos a los canadienses.

Brasil es el segundo mayor exportador de café a Canadá después de Colombia, con importaciones por un total aproximado de 150 millones de dólares en 2021, según el sitio Trading Economics.

El organismo canadiense Above Ground dio cuenta de estos hechos en su más reciente informe sobre el tema de la esclavitud y el trabajo forzado "Creating Consequences - Canada’s moment to act on slavery in global supply chains (nueva ventana)." 

Des framboises

Frambuesas

Foto: Radio-Canada

El Centre international de solidarité ouvrièreCISO, por sus siglas en francés, da el ejemplo de bayas mexicanas en el sitio internet de su campaña contra el trabajo forzado y la esclavitud moderna en el ámbito agroalimentario: "Frutos rojos en México: trabajo forzado en la producción" (nueva ventana)

La organización basada en Montreal, afirma que la mayoría de los trabajadores de este sector son jornaleros migrantes que se desplazan en función de los periodos de cosecha. 

Familias enteras trabajan en los campos, padres e hijos por igual, algunos durante generaciones. En algunas regiones, se ven obligados a vivir en los campos en condiciones insalubres, donde están expuestos a productos químicos sin ninguna protección.
Una cita de Extracto del informe de CISO
Un enfant migrant fait la file pour obtenir de la nourriture près de la frontière américaine à Tijuana au Mexique.

El informe habla de abusos a niños y a familias enteras en esa región mexicana.

Foto: Reuters / Mohammed Salem

Además, una investigación del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos en Navolato, en el estado de Sinaloa, reveló la presencia de niños trabajando en empresas agrícolas, en contravención de los compromisos de México para erradicar el trabajo infantil. 

Estos niños son rehenes en estas granjas, mientras que hay pruebas de tráfico de menores con fines sexuales. También hay que señalar que estas familias se encuentran en una relación de dependencia con los propietarios de los campos, que fijan el precio de los alimentos que se ven obligados a comprar a precios exorbitantes.
Una cita de Extracto de la investigación del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos en Navolato

Al final de su contrato, a menudo no les queda casi nada para poder mantener a sus familias, por lo que se ven obligados a continuar indefinidamente, dice la agrupación internacional. 

CISO afirma que unos 80.000 trabajadores agrícolas y sus familias son explotados por cultivadores que venden sus bayas a Driscoll's, multinacional agroalimentaria con sede en California cuyos productos se venden en Quebec.

¿Cuáles son las soluciones? 

La sénatrice Julie Miville-Dechêne sourit lorsqu'elle se fait prendre en photo dans un studio de Radio-Canada.

El proyecto de ley S-211 fue presentado por la senadora Julie Miville-Dechêne.

Foto: Radio-Canada / Martin Ouellet

Emily Dyer de la Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises/Canadian Network on Corporate Accountability explica que Inglaterra y Australia tienen leyes semejantes a la que se quiere adoptar en Canadá, sin mucha fuerza, y el resultado es que no ha habido un cambio de actitud de las empresas y no ha cambiado la realidad para las personas impactadas por la violación de sus derechos humanos.

Por eso, la Red, que trabaja desde 2005 demandando al gobierno canadiense adoptar leyes para responsabilizar a las empresas, considera que en lugar de aprobar la ley S-211, Canadá debería adoptar otro proyecto de legislación, que ya ha sido presentado, el C-262. 

El proyecto de ley C-262 está basado en un modelo propuesto por la sociedad civil canadiense y dice claramente que las empresas deberían estar obligadas a respetar los derechos humanos y el medio ambiente y a prevenir los daños. También da a las personas impactadas acceso a los tribunales canadienses.
Una cita de Emily Dyer, Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises/Canadian Network on Corporate Accountability
Emily Dyer est la directrice des opérations du Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises/Canadian Network on Corporate Accountability.

Emily Dyer es la directora de operaciones del Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises/Canadian Network on Corporate Accountability (Red Canadiense para la Rendición de Cuentas de las Empresas).

Foto:  Captura de pantalla - Zoom / RCI

El acceso a las cortes de justicia canadienses sería posible en dos circunstancias específicas:

  1. Si una compañía no hace su diligencia debida 

  2. Si una compañía está ligada a daños ambientales o sociales.

Emily Dyer explicó también que la Red tiene algo de esperanza ya que el Ministro de Trabajo comentó en junio del 2022 que el proyecto de ley S-211 no era suficiente y que esperaba mejoras a la propuesta. 

La directora de la Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises cree que la ley S-211, tal como está, no debería ser aprobada porque urge una ley que realmente va a funcionar


Más contenidos relacionados: 

Paloma Martínez Méndez

Titulares