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"Ottawa no está obligada a traer a casa a los canadienses detenidos en Siria"

Niños corriendo por un sendero cerca de las tiendas de un campamento.

Campo de Roj, en el noreste de Siria, donde están recluidas 2.660 personas, entre ellas canadienses.

Foto: Julie Astoul

RCI

La Carta de Derechos y Libertades de Canadá no obliga a Ottawa a repatriar a los canadienses retenidos en campos sirios, dijo un abogado del gobierno en una audiencia ante la Corte Federal este 6 de diciembre.

Los familiares de 23 canadienses detenidos en esos lugares en Siria, seis mujeres, cuatro hombres y 13 niños, pidieron al tribunal que ordene al gobierno de Canadá que organice y lleve a cabo su retorno al país, alegando que negarse a hacerlo viola la Carta de Derechos y Libertades.

Los ciudadanos canadienses son algunos de los muchos extranjeros que se encuentran en campos sirios dirigidos por las fuerzas kurdas que recuperaron la región devastada por el conflicto armado con los combatientes del Estado Islámico de Irak y el Levante.

La abogada federal Anne Turley declaró ante el tribunal que no existe ninguna obligación legal para facilitar su repatriación en virtud de la Carta de Derechos y Libertades o según los términos de cualquier estatuto o ley internacional.

Al argumentar que la no repatriación viola los derechos de la Carta, los demandantes están presentando argumentos novedosos. Hasta la fecha, los tribunales han adoptado un enfoque mesurado y cauteloso respecto a la aplicación extraterritorial de la Carta, dijo Turley.

Ha dejado claro que, para que la Carta se aplique en el extranjero, debe haber pruebas de que funcionarios canadienses participaron en actividades del Estado extranjero contrarias a las obligaciones internacionales de Canadá o a las normas fundamentales de derechos humanos. Aquí no existen tales pruebas, ni alegaciones de esa naturaleza.
Una cita de Anne Turley, abogada del Gobierno de Canadá.

Las personas implicadas en el caso judicial están detenidas en el extranjero por entidades extranjeras que operan independientemente de la jurisdicción o el control de Canadá, dijo Turley.

Exigir al gobierno que tome medidas obligaría al tribunal a inmiscuirse en cuestiones de control de la Corona sobre las relaciones internacionales y los asuntos exteriores, añadió.

Cuatro niños en el umbral de un edificio sin puerta.

La ONG Human Rights Watch informó de 26 casos confirmados de niños canadienses atrapados en campos de refugiados en el noreste de Siria.

Foto: Reuters / UMIT BEKTAS

Un pequeño número ha regresado

Un puñado de mujeres y niños lograron regresar de Siria en los últimos años, pero Canadá, en general, no ha seguido el camino tomado por otros países que han repatriado con éxito a sus ciudadanos.

Aun así, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá determinó recientemente que las seis mujeres y los 13 niños incluidos en la causa judicial han alcanzado un umbral conforme a su marco político de enero de 2021 para proveer una ayuda extraordinaria.

Como resultado, ese ministerio ha iniciado las evaluaciones en concordancia con los principios rectores para determinar si prestará o no esa asistencia.

No se han revelado los nombres de las mujeres y los niños. Entre los hombres canadienses se encuentra Jack Letts, cuyos padres han presionado públicamente al gobierno de Canadá para que ayude a su hijo. Sostienen que no hay pruebas de que se convirtió en un combatiente terrorista en el extranjero.

En una presentación ante el tribunal, las familias de los canadienses detenidos en Siria argumentan que el proceso mediante el cual el gobierno determina si repatría o no a sus ciudadanos constituye una violación de la equidad procesal.

Los familiares afirman que hasta noviembre de 2021 no se había informado a ningún solicitante sobre el marco de políticas federales establecidas para determinar si se prorrogaba la asistencia, unos 10 meses después de su aplicación y unos dos meses después de que se iniciara la solicitud ante el tribunal.

Un hombre sonríe a una cámara.

Jack Letts, entonces de 20 años, es un británico-canadiense detenido en una prisión kurda en Siria.

Foto: Facebook

Los familiares quieren una declaración que establezca que la falta de acción de parte del gobierno no fue razonable. También quieren una solicitud formal de repatriación de los familiares, la emisión de documentos de viaje de emergencia y la autorización de un representante para facilitar su regreso.

Turley argumentó que el proceso es más complejo de lo que podría parecer.

No es, como los solicitantes quieren que se vea, un ejercicio simple y directo, dijo. No se trata de un planteamiento único.

El marco de las políticas del gobierno busca orientar la toma de decisiones sobre una posible ayuda extraordinaria de forma individual, dijo Turley.

Los funcionarios de gobierno deben tener en cuenta la seguridad de los oficiales del gobierno canadiense que participan en los esfuerzos de repatriación, así como la seguridad de los propios detenidos, dijo.

Además, el gobierno debe sopesar la amenaza para la seguridad pública y nacional, la protección de la ciudadanía canadiense, añadió Turley.

El gobierno tiene que evaluar estas variables, y son fluidas. Es una decisión puntual, explicó.

Fuente: CBC

Adaptación: RCI / R. Valencia

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