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Las musulmanas son las más afectadas por la ley de laicidad en Quebec

Manifestación contra la Ley 21 de laicidad en Montreal

Manifestación contra la Ley 21 de laicidad en Montreal. Las mujeres musulmanas llevan carteles que dicen "Hijab: mi derecho, mi elección", "Lo que está dentro de mi cabeza es más importante que lo que está encima de ella", "¡Queremos un gobierno para todos los quebequenses, no para Quebecor!"

Foto: The Canadian Press / Graham Hughes

RCI

En el marco de la impugnación judicial a la ley de laicidad de la provincia de Quebec, conocida comúnmente como Ley 21, que continúa llevándose a cabo esta semana ante la Corte de Apelación de Quebec, los grupos que se oponen a esa ley argumentaron este 8 de noviembre que dicha legislación discrimina de forma abrumadora a las mujeres musulmanas.

El gobierno de Quebec por un lado y por otro varios grupos de defensa de las libertades civiles están presentando argumentos sobre una decisión de la Corte Superior del año pasado, que confirmó la legalidad de la mayoría de las disposiciones inscritas en la Ley 21, pero no de todas.

Promulgada bajo el gobierno de la Coalición por el Futuro de Quebec, CAQ por sus siglas en francés, en junio de 2019, la ley sobre el laicismo prohíbe a los profesores de las escuelas públicas, a los policías, a los abogados del gobierno, a una serie de otros funcionarios e incluso a algunos políticos, llevar puestos símbolos religiosos en el trabajo.

A fin de curarse en salud, la provincia invocó la cláusula constitucional de excepción al redactar la legislación, con el fin de protegerla de posibles desafíos judiciales, ya que dicha ley, en los hechos, suprime ciertos derechos inscritos en la Carta canadiense de derechos y libertades.

Esto significa que los abogados que se oponen a la Ley 21 están buscando presentar argumentos sobre disposiciones en la Constitución que, en general, no pueden ser anuladas mediante la cláusula de excepción, incluido el derecho a la igualdad de género.

Una persona delante un micrófono.

Perri Ravon, abogada en derecho constitucional, dijo que la Ley 21 debe ser anulada porque discrimina en base al género.

Foto: Radio-Canada

Sólo las mujeres musulmanas han perdido su trabajo a causa de la Ley 21

Perri Ravon, la abogada que representa al Consejo Escolar Anglófono de Montreal, argumentó este 8 de noviembre que la Ley 21 fue diseñada para atacar a un grupo en particular: a las mujeres musulmanas que llevan el hiyab.

Las pruebas de los expertos en este caso, aceptadas por el juez, establecen que la Ley 21 puede aumentar los prejuicios que sufren las mujeres musulmanas más que cualquier otro grupo, dijo Ravon al panel de tres jueces.

Ravon señaló que en el Consejo Escolar Anglófono de Montreal, ocho personas han perdido el trabajo o se les ha negado el empleo debido a la Ley 21. Todas eran mujeres musulmanas.

En el mayor centro de servicios escolares en lengua francesa de la provincia, el Centro de servicios escolares de Montreal, Ravon señaló que el director de recursos humanos no podía proporcionar un número exacto de personas que habían perdido su empleo, aparte de decir que el 100% de los casos tenían que ver con el hiyab.

Ravon dijo que no podía encontrar ejemplos de nadie en ninguna organización de la provincia que haya perdido su trabajo debido a la Ley 21, aparte de las mujeres musulmanas.

¿Quién está perdiendo su trabajo a causa de la Ley 21? ¿Qué símbolo está llamando la atención de forma negativa? El hiyab, siempre.
Una cita de Perri Ravon, abogada del Consejo Escolar Anglófono de Montreal.

Ravon dijo que estaba claro, a través de las declaraciones del gobierno de la CAQ de François Legault sobre la igualdad de género, que la Ley 21 fue diseñada en gran parte para atacar el hiyab y que el juez aceptó este argumento en el juicio original.

Julius Grey, el abogado que representa a la Red de Grupos Comunitarios de Quebec y a la Comisión Canadiense de Derechos Humanos, está de acuerdo.

El centro de esta ley, la joya de la corona para el gobierno, es el hiyab, dijo Grey al tribunal.

Grey y Ravon, junto con el abogado de un destacado grupo de mujeres, la Federación de Mujeres de Quebec, argumentaron que la Ley 21 debe ser anulada porque está claro que discrimina en base al género y que la garantía de la igualdad de género no puede ser anulada mediante el uso de la cláusula derogatoria.

Simon Jolin-Barrette y François Legault.

Simon Jolin-Barrette, de pie detrás del primer ministro de Quebec François Legault, fue el responsable la creación de de ley sobre laicidad en la provincia, conocida como Ley 21.

Foto: La Presse canadienne / Jacques Boissinot

El gobierno argumenta que la ley no discrimina en base al género

Amélie Pelletier-Desrosiers, la abogada del fiscal general de Quebec dijo que su posición es que el derecho a la igualdad de género es una garantía general que no está necesariamente protegida de ser anulada por la cláusula derogatoria

Ella también señaló que la mayoría de los profesores son mujeres, por lo que no es necesariamente discriminatorio que la Ley 21 afecte más a las mujeres que a los hombres en la profesión docente. Argumentó que cualquier norma o código de conducta que tenga un impacto entre los profesores también afectaría de forma desproporcionada a las mujeres.

Christiane Pelchat, abogada de otro grupo feminista, Derechos de las Mujeres de Quebec, argumentó que más que discriminar en base al género, la Ley 21 era en realidad una salvaguarda contra esa discriminación.

El Estado no puede asociarse con una religión que sugiere que una mujer no puede aparecer en público sin estar cubierta de alguna manera, dijo Pelchat.

Un hombre lleva una kipá durante una manifestación.

Un hombre lleva una kipá durante una manifestación contra la Ley 21 el 14 de abril de 2019 en Montreal.

Foto: La Presse canadienne / Graham Hughes

El impacto del proyecto de ley 21 en la libertad de religión

También se debatió el miércoles si la Ley 21 vulnera la garantía constitucional de la libertad de culto.

Luc Alarie, abogado del grupo Movimiento Laico Quebequense, argumentó que la Ley 21 protege la libertad de religión, señalando que los padres tienen el derecho constitucional de educar a sus hijos en materia de religión según sus propias creencias y, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de mantener la neutralidad religiosa en las escuelas.

Alarie argumentó que el comportamiento de los profesores tiene una enorme influencia en sus alumnos y que los símbolos religiosos que llevan los profesores podrían comunicar valores morales que afectarían a los alumnos y, por tanto, privarían a los padres de su derecho constitucional a la libertad de religión.

El Estado tiene la obligación de la neutralidad religiosa, independientemente de las consecuencias que pueda tener.
Una cita de Luc Alarie, abogado del Movimiento Laico Quebequense.

Molly Krishtalka, abogada de un grupo que se opone a la Ley 21, la Coalición por un Quebec Inclusivo, replicó que las acciones individuales de los empleados del Estado no representan necesariamente las opiniones del Estado.

Mi colega piensa que un profesor, al llevar un crucifijo, está demostrando que todo el Estado se adhiere a la fe católica, dijo Krishtalka.

No son todas las acciones de un representante las que van a vincular al Estado a un punto de vista religioso. Llevar un símbolo religioso no constituye la adhesión del Estado a esa religión.
Una cita de Molly Krishtalka, abogada de la Coalición por un Quebec Inclusivo.

La presentación de los argumentos continuará hasta el 10 de noviembre, con un día adicional reservado para la próxima semana en caso de que el panel de jueces tenga preguntas adicionales.

Fuente: CBC / S. Rukavina

Adaptación: RCI / R. Valencia

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