Comienzan en Quebec audiencias sobre la constitucionalidad de la ley sobre la laicidad

Promulgada bajo el gobierno de derecha de la Coalición por el Futuro de Québec, CAQ por sus siglas en francés, en junio de 2019, la ley de laicismo, también conocida como Ley 21, prohíbe a los maestros de escuelas públicas, a los agentes de policía, a los abogados del gobierno y a una serie de otros funcionarios, e incluso a algunos políticos, llevar símbolos religiosos en el trabajo.

Apenas aprobada esa Ley 21, varias organizaciones de defensa de las libertades civiles, como la Asociación Canadiense de Libertades Civiles y el Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses impugnaron dicha ley. Estas organizaciones empezaron este lunes a presentar sus argumentos legales en un nuevo capítulo en la saga judicial.

Imagina tener que decirle a tu hija que nunca podrá ser juez por su aspecto. Imagínese tener que decirle a su hijo que nunca podrá ser profesor por su apariencia, dijo Stephen Brown, director general del Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses durante una conferencia de prensa este lunes en las escaleras de la Corte de Montreal, minutos antes del inicio de la presentación de los argumentos jurídicos.

Una ley con excepciones

En abril de 2021, el juez de la Corte Superior Marc-André Blanchard dictaminó que la Ley 21 viola los derechos básicos de las minorías religiosas en la provincia, pero es legal debido a la Sección 33 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, también conocida como la cláusula derogatoria de la Constitución.

De forma preventiva, el gobierno de la CAQ, encabezado por François Legault, utilizó dicha cláusula de excepción para proteger su ley de los recursos de inconstitucionalidad. Dicha cláusula permite a las provincias eximirse del cumplimiento de ciertas secciones de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Su aplicación está sujeta a la renovación cada cinco años.

Sin embargo, en su decisión, Blanchard eximió a las escuelas inglesas de la prohibición de llevar símbolos religiosos.

También dictaminó que los miembros de la Asamblea Nacional de la provincia pueden llevar símbolos religiosos que cubran sus rostros, como el niqab, de acuerdo con la sección de la carta que garantiza el derecho de todo ciudadano a votar y ser miembro de la legislatura.

Poco después de conocerse la decisión, el ministro de Justicia de Quebec, Simon Jolin-Barrette, artífice del proyecto de ley 21, dijo que la provincia tenía previsto apelar las dos conclusiones de la sentencia del juez de la Corte Superior Marc-André Blanchard relativas a las escuelas anglófonas y los legisladores.

Los representantes de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles y el Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses también presentaron en ese entonces una apelación señalando que la ley que prohíbe el uso de los símbolos religiosos en muchos puestos de trabajo del sector público es inconstitucional y debe ser anulada.

Puntos de vista opuestos

Durante las audiencias, que se llevarán a cabo hasta el jueves y se reanudarán el 16 de noviembre, la Corte de Apelación escuchará a varias partes que argumentarán a favor de la abolición o el refuerzo de la ley 21.

Furheen Ahmed, profesora en la Escuela Secundaria Westmount de Montreal, que lleva un hiyab, espera que la ley sea anulada.

Esa ley es absurda. No hay prueba de que el hecho de que las personas que enseñan en las aulas lleven una kippah, un turbante o un hiyab produzca resultados negativos.

A más de dos años desde la entrada en vigor de la Ley 21, ella dijo que conoce historias de personas que han perdido sus empleos o que han optado por seguir carreras fuera de Quebec porque no pueden trabajar en el sector público y llevar los símbolos religiosos que son importantes para ellas.

Ahmed dijo que el problema es la percepción que la gente tiene de la religión, o de ciertas religiones, y esa percepción acaba afectando mi libertad, mis elecciones. Eso no es justo, explicó.

En el otro extremo del espectro de los argumentos en torno a la Ley 21, un grupo pro-secular, el Movimiento Laico Quebequense (MLQ), argumentará no sólo que la Ley 21 no pisotea los derechos de las minorías, sino que no va lo suficientemente lejos en la protección de los derechos de los padres que quieren que sus hijos reciban una educación secular.

Las escuelas no están para garantizar la libertad de práctica religiosa de los profesores. La escuela está para educar a los alumnos, para asegurar su libertad de religión, para asegurar la igualdad de todas las religiones de los alumnos.

Baril dijo que su grupo quiere que la prohibición de llevar puestos símbolos religiosos sea también aplicada a todo el personal de las escuelas y no sólo a los profesores, así como a los colegios de educación general y vocacional, conocidos como CEGEP, y a los centros de atención infantil.

Laura Berger, abogada de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, dijo que su equipo buscará formas innovadoras de eludir la cláusula derogatoria para argumentar en contra de obligar a las personas a elegir entre su fe y sus carreras.

Ella dijo que Quebec necesita encontrar un equilibrio entre el derecho a ser una provincia laica y los derechos de las personas.

Creemos firmemente que la libertad de religión significa expulsar la religión del Estado. No significa expulsar a la gente de los lugares de trabajo.

Ella señaló que la Corte de Apelación puede tardar entre 6 y 18 meses en dictar sentencia. Se espera que la Ley 21acabe siendo impugnada ante la Corte Suprema de Canadá.

Fuente: CBC / J. Hayward

Adaptación: R. Valencia