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La Corte Suprema de Canadá revisa el Acuerdo de Tercer País Seguro

Edificio de la Corte Suprema de Canadá en Ottawa.

Edificio de la Corte Suprema de Canadá en Ottawa.

Foto: The Canadian Press / Adrian Wyld

RCI

La Corte Suprema de Canadá estudia este 6 de octubre una impugnación del Acuerdo de Tercer País Seguro, que entró en vigor desde diciembre de 2004. Este acuerdo establece que los solicitantes de asilo deben buscar protección en el primer país al que ingresan, es decir, Canadá o Estados Unidos.

Una de las consecuencias de este acuerdo es el incremento del número de inmigrantes irregulares que ingresan a territorio canadiense cruzando la carretera de Roxham, en Montérégie, en la provincia de Quebec.

Los demandantes son ciudadanos de El Salvador, Etiopía y Siria que llegaron a Canadá por un paso fronterizo oficial desde Estados Unidos para solicitar asilo. Sus demandas fueron rechazadas por las autoridades canadienses de inmigración, en virtud del Acuerdo de Tercer País Seguro.

Según ellos, ese rechazo de sus solicitudes de asilo los puso en riesgo de ser detenidos y de sufrir otras violaciones de sus derechos. Sus abogados alegan que el Acuerdo de Tercer País Seguro viola el artículo 7 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que garantiza el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona.

En la apertura de la audiencia ante la Corte Suprema este jueves, un abogado del Consejo Canadiense para los Refugiados argumentó que el riesgo de encarcelamiento es suficiente como para concluir que tal acuerdo es inconstitucional.

Nosotros decimos que hay detención por omisión, dijo el abogado Andrew J. Brouwer. Cuando los jueces le preguntaron si era automático que se detuviera a los migrantes devueltos, él respondió que era irrelevante hacer esa determinación para constatar una violación del artículo 7.

Andrew Brouwer.

Andrew Brouwer, abogado del Consejo Canadiense para los Refugiados.

Foto: Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

¿Qué muestran los datos sobre la detención?, cuestionó el juez Russell Brown, que no pudo obtener una respuesta directa a su pregunta, que también fue formulada repetidamente por el juez Malcolm Rowe.

Es el riesgo que implica la libertad. Eso no requiere que se detenga a todas las personas que son rechazadas, argumentó el abogado Brouwer.

La jueza Suzanne Côté también se sumó a la cuestión, afirmando que sólo uno de los tres solicitantes de asilo implicados en la causa fue detenido en Estados Unidos.

Los elementos de prueba apuntan a un sólido régimen de detención en Estados Unidos que incluye el derecho a un abogado. Entiendo su argumento de que los solicitantes de asilo son deportados inmediatamente, pero no son deportados hacia un vacío.
Una cita de Suzanne Côté, jueza de la Corte Suprema de Canadá.

El abogado Brouwer replicó que los demandantes implicados en este caso que no fueron detenidos en Estados Unidos no lo fueron porque finalmente pudieron obtener un permiso para permanecer en Canadá.

Piden la suspensión del acuerdo

El Acuerdo de Tercer País Seguro determina que un posible refugiado que llegue a un paso fronterizo oficial canadiense y que haya ingresado previamente a Estados Unidos sea rechazado automáticamente, ya que debe tramitar su solicitud de asilo en el primer país seguro al que llegó.

Es por esta razón que algunas personas que quieren solicitar asilo en Canadá cruzan la frontera canadiense desde Estados Unidos ingresando por pasos improvisados, como el de Roxham Road, en Montérégie. Una vez que están en Canadá, pueden tramitar su solicitud de asilo.

El tema volvió a ser tema de noticias cuando el difusor público en francés, Radio-Canada, informó de que Ottawa gastó más de 500 millones de dólares de fondos públicos en Roxham Road. Ese dinero fue utilizado para reembolsar los gastos pagados por Quebec y para pagar a los proveedores de las instalaciones, por ejemplo.

Manifestación en Toronto pide la abolición del Acuerdo de Tercer País Seguro.

En Toronto, los miembros de organizaciones como FCJ Refugee Center, Romero House, el Centro para los Niños Refugiados, Mathew House, Sojourn House y Amnistía Canadá piden la abolición del Acuerdo de Tercer País Seguro.

Foto: Gracieuseté : Julio Valencia

Los miembros del Nuevo Partido Democrático y el Bloque Quebequense piden desde hace tiempo la suspensión del Acuerdo de Tercer País Seguro. Los liberales de Justin Trudeau abogan por una modernización del acuerdo y dicen estar negociando con los responsables estadounidenses con ese propósito.

Obviamente, nos preocupa el acuerdo. Nos aseguraremos siempre que se respeten nuestros principios y nuestros valores en materia de inmigración y derechos humanos, dijo el primer ministro Justin Trudeau este 6 de octubre mientras se dirigía a una reunión con su gabinete.

Trudeau dijo que Ottawa se remite al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para verificar que se respeten los derechos de los migrantes retornados.

Este jueves, los nueve jueces de la Corte Suprema de Canadá escucharán a otros intervinientes durante la audiencia. También tendrán la oportunidad de interrogar a los representantes del Ministerio de Justicia federal, que defenderán al Departamento de Inmigración.

Ante los tribunales inferiores, el gobierno de Canadá argumentó que los demandantes, cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas, tuvieron acceso a un proceso justo y equitativo en Estados Unidos. Ottawa argumenta que no es descabellado enviar a personas al sur de la frontera para que pidan asilo en Estados Unidos.

Un problema de larga data

Las organizaciones de defensa de los refugiados se oponen desde hace mucho tiempo a este acuerdo alegando que Estados Unidos no es un país seguro para las personas que huyen de la persecución.

Muchos solicitantes de refugio han librado esta batalla ante la Corte Federal junto con el Consejo Canadiense para los Refugiados, el Consejo Canadiense de Iglesias y Amnistía Internacional.

En una decisión establecida en 2020, la jueza de la Corte Federal Ann Marie McDonald consideró que el Acuerdo de Tercer País Seguro tenía el efecto de condenar a la prisión en Estados Unidos a los demandantes declarados inadmisibles en Canadá.

La jueza McDonald escribió que la detención y las consecuencias que se derivan de ella no son coherentes con el espíritu de la ley y su propósito. Ella consideró que tal acuerdo era una violación del artículo 7 de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. Sin embargo, la Corte Federal de Apelación refutó esa decisión el año pasado.

Según la Corte Federal de Apelación, la falla constitucional reside en la forma en que las autoridades interpretan la aplicación del acuerdo y no en el acuerdo en sí. Esta Corte añadió que, dado que los demandantes no planteaban una conducta ilícita de parte de las autoridades, este tribunal no disponía de las pruebas necesarias como para tomar una decisión.

Fuente: RC

Adaptación: RCI / R. Valencia

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