[Reportaje] Colapso parcial de presa en Colombia: denuncian inacción de agencia canadiense

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  1 de 6 : Rebosadero del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, en el río Cauca, cerca de Ituango, Antioquia, Colombia, el 4 de abril de 2019, antes del colapso cuando las lluvias comenzaban a provocar grandes acumulaciones de agua., Foto: © JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images

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  2 de 6 : Vista de la central dañada del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, tras inundación de emergencia en mayo de 2018 para evitar un desastre mayor en las comunidades cercanas, en el río Cauca, cerca de Ituango, Antioquia, Colombia el 4 de abril de 2019., Foto: © JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images

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  3 de 6 : Vista de los túneles dañados del proyecto hidroeléctrico Hidroituango., Foto: © JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images

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  5 de 6 : Un barrio destruido tras ser inundado por el río Cauca en Puerto Valdivia, Antioquia, Colombia el 13 de mayo de 2018, Foto: © JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images

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El 13 de junio, los organismos canadienses Above Ground y Amnistía Internacional Canadá publicaron un texto titulado "Luego del desastre de Hidroituango, agencia crediticia canadiense habla de reparaciones, pero no las concede" denunciando la inacción de EDC.

Este artículo lo escribimos con el pretexto de que en mayo se cumplieron cuatro años de la crisis que se produjo con el derrumbe de la presa. Y también porque es ahora que han entrado en vigor las nuevas políticas que EDC implementó luego de escuchar el testimonio de Isabel Zuleta.

En noviembre del 2019, la hoy senadora colombiana Isabel Zuleta vino a Canadá a entrevistarse con representantes de EDC, del Consejo Canadiense de Cooperación Internacional (CCIC) y de la Alianza de Servicios Públicos de Canadá (PSAC).

La entonces presidenta del Movimiento Ríos Vivos, coalición de 15 organizaciones colombianas que representan a los damnificados por el proyecto de Hidroituango, detalló las difíciles condiciones de los pobladores de la región aledaña a la represa que tuvieron que ser evacuados.

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  1 de 4 : Una mujer mira su casa destruida tras ser inundada por el río Cauca en Puerto Valdivia, Antioquia, Colombia, el 13 de mayo de 2018., Foto: © JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images

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  2 de 4 : Más de 25 000 personas fueron evacuadas en el noreste de Colombia debido a la crecida del río principal que alimenta el proyecto hidroeléctrico más grande del país llamado Hidroituango., Foto: © JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images

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Poco después de esa reunión EDC afirmó que el testimonio de Isabel Zuleta y la experiencia vivida por aquellos que ella representa contribuyeron a la evolución del enfoque de la agencia crediticia oficial de Canadá en materia de derechos humanos. 

La tragedia de mayo de 2018 en Colombia dejó una impresión duradera en los líderes y empleados de EDC. Los diálogos y las reuniones posteriores a las deficiencias en el proyecto de la presa de Hidroituango han contribuido a dar forma a la evolución de nuestro enfoque en materia de derechos humanos. Un año después de la tragedia de Colombia, EDC publicó una política de derechos humanos específica, alineada con los Principios Rectores de las Naciones Unidas.

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Según esta portavoz, la política reconoce la responsabilidad de EDC en el respeto de los derechos humanos y articula su compromiso de utilizar cualquier herramienta disponible para influir en las acciones de sus clientes para prevenir y mitigar los impactos sobre los derechos humanos a través de las relaciones comerciales de la agencia.

Amy Minsky insiste en el hecho de que desde la promulgación de su Política de Derechos Humanos en 2019, la EDC diseñó y desplegó su enfoque de Amparo y Remediación, así como procesos mejorados de diligencia debida.

EDC se esfuerza por liderar con nuestros valores -llevando a cabo negocios de manera responsable, actuando con integridad y transparencia, y esforzándose por hacer que las comunidades en las que vivimos y trabajamos sean mejores- y por integrar estas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza en todo lo que hacemos.

Cabe mencionar que en agosto de 2018, Empresas Públicas de Medellín optó por reembolsar el préstamo de la EDC en su totalidad y según las informaciones compiladas por RCI, la EDC no ha emprendido ningún otro negocio con EPM.

Según Georgina Alonso, incluso cuando se leen los principios sobre Amparo y Remediación del EDC existen "todo tipo de lagunas".

Dice por ejemplo: buscamos asegurar que las víctimas tengan remedio. Eso no significa que asuman la responsabilidad, o que faciliten incluso que se produzca el remedio. Es un lenguaje muy vago, por lo que esta política está entrando en vigor, pero no hemos visto ningún remedio o resultado para las comunidades que fueron impactadas.

Sin embargo, dice la responsable de programas de Above Ground, la responsabilidad de su organismo no reside únicamente en escribir un artículo y seguir adelante, o tener una reunión con la EDC y seguir adelante, sino seguir documentando la situación y solicitar reuniones con la EDC que permitan iniciar un proceso para hacerles saber las diversas formas en que sus políticas "no son adecuadas".

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  1 de 3 : Trabajadores son fotografiados en la baliza de la central recuperada del Proyecto Hidroituango mientras la construcción de la presa continúa, cerca del municipio de Ituango, departamento de Antioquia, Colombia, el 9 de marzo de 2021., Foto: © JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images

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  3 de 3 : La construcción de la represa continúa a pesar de la inundación forzada de emergencia en mayo de 2018., Foto: © JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images

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Georgina Alonso explicó también que más allá de ese caso en Colombia, Above Ground y Amnistía Internacional Canadá son parte de la Red Canadiense para la Responsabilidad Corporativa, formada por unas 39 organizaciones miembros.

Juntos, esos grupos de la sociedad civil canadiense trabajaron durante meses en un modelo de proyecto de ley para impulsar los derechos humanos y la debida diligencia ambiental para toda la actividad corporativa canadiense en el extranjero.

Según Alonso, una legislación como la que propone la Red, lograría tres objetivos simultáneamente:

• prevenir los abusos de los derechos humanos en primer lugar, garantizando que las empresas realicen evaluaciones exhaustivas de diligencia debida y evaluaciones de riesgo antes de iniciar la actividad ;
• abordar todos los abusos de derechos humanos y medioambientales simultáneamente, de manera holística en el entendimiento de que todos estos son problemas interconectados ;
• garantizar el acceso a los tribunales canadienses para obtener reparación.

De modo que si las personas siguen siendo perjudicadas por la actividad canadiense en el extranjero, puedan llevar su caso a un tribunal canadiense y "buscar remedio a la injusticia a la que se enfrentan", dice Alonso.

La proposición de la Red Canadiense para la Responsabilidad Corporativa es la base para el proyecto de ley C-262 presentado el 29 de marzo pasado ante el Parlamento canadiense.

Georgina Alonso dice que Hidroituango, es un ejemplo perfecto de un caso en el que está muy claro el vínculo entre el apoyo financiero canadiense y abusos a los derechos de personas en el extranjero y de lo poco que los principios reales sobre el Amparo y Remediación podrían ayudar a abordar si se aplicaran correctamente

Pero también queremos asegurarnos de que esto no ocurra en ningún otro lugar, por lo que no es una preocupación más amplia sobre las inversiones y el apoyo financiero de Canadá en todo el mundo, concluye la responsable de programas en Above Ground y doctorante en Estudios en Desarrollo Internacional.

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