Quebec aprueba una polémica reforma de la ley sobre la lengua francesa

El rechazo a ese proyecto de ley 96 había aumentado en las últimas semanas, con miles de manifestantes que salieron a las calles a denunciar que ese proyecto de ley viola los derechos de los anglófonos, los alófonos y las comunidades indígenas.

La ley aprobada tiene un gran alcance, ya que limita el uso del inglés en los tribunales y los servicios públicos e impone requisitos lingüísticos más estrictos a las pequeñas empresas y los municipios.

También limita el número de estudiantes que pueden inscribirse a los colegios de lengua inglesa, conocidos como CEGEP, y aumenta el número de cursos de francés que deben tomar los estudiantes en los colegios para poder graduarse.

Setenta y ocho diputados de la Asamblea Nacional votaron a favor y 29 en contra, incluidos los miembros de dos partidos de la oposición.

El Partido Quebequense dijo que la legislación no iba lo suficientemente lejos en la protección de la lengua francesa en Quebec, mientras que la líder del Partido Liberal de Quebec, Dominique Anglade, denunció el uso de la cláusula constitucional de excepción que cierra el camino a una impugnación de esa nueva ley en los tribunales.

La cláusula de excepción permite a una provincia anular las libertades básicas garantizadas por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. En lugar de aplicar la cláusula a partes específicas del proyecto de ley 96, el gobierno de la CAQ aplicó la cláusula a todo el proyecto de ley, haciendo que cada aspecto de la ley de gran alcance sea inmune a los desafíos legales basados en la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.

El primer ministro provincial, François Legault, y su ministro de Justicia y responsable de la lengua francesa, Simon Jolin-Barrette, defendieron ese proyecto de ley tras las protestas, calificando de infundados los temores de los manifestantes y afirmando que los quebequenses a los que se les permita estudiar en inglés tendrán acceso a los servicios en su lengua.

Tras la aprobación de la ley, Legault dijo que las opiniones contrarias de otros partidos demostraban que la ley era equilibrada, responsable y moderada.

Legault dijo que los críticos que afirman que el proyecto de ley afectará el acceso a la salud se equivocan porque la nueva legislación no modifica la ley de servicios de salud de Quebec, que promete el servicio en inglés a quienes lo soliciten.

Vamos a garantizar que se mantenga el statu quo, es decir, que, sea cual sea su origen, las personas que necesiten servicios de salud en inglés podrán seguir recibiéndolos, dijo el político.

Jolin-Barrette calificó la ley como el inicio de un esfuerzo revitalizado para impulsar la lengua francesa en la provincia.

Los miembros del partido Quebec Solidario votaron a favor, a pesar de que esa formación expresó su malestar por la cláusula del proyecto de ley que obliga a los refugiados a aprender el francés en seis meses tras su llegada, y que después de ese lapso ya no podrán acceder a los servicios en otra lengua.

Pascal Bérubé, crítico en materia de lengua del Partido Quebequense, dijo que su partido habría preferido que la ley amplíe la aplicación de la Carta de la Lengua Francesa a los CEGEP, lo que haría que los francófonos y los hijos de personas que no fueron a la escuela en lengua inglesa estarían obligadas a inscribirse a los CEGEP en lengua francesa.

El primer ministro provincial Legault dijo que la demanda de Bérubé no es realista porque llevaría al cierre de la mitad de los CEGEP de lengua inglesa en Quebec.

En su lugar, Legault dijo que la provincia debería centrarse en garantizar que un mayor número de inmigrantes aceptados en la provincia hable el francés, señalando que el tema hará parte de la campaña electoral de la Coalición por el futuro de Quebec.

El primer ministro Justin Trudeau dijo el 24 de mayo que le preocupaba la nueva ley aprobada, pero no dijo si el gobierno federal buscará desafiar su legalidad.

Tomaremos nuestras decisiones en base a lo que veamos como necesidad para mantener a las minorías protegidas en todo el país, dijo Trudeau.

En reacción a la aprobación de la ley 96, la líder liberal Dominique Anglade dijo que los quebequenses pueden confiar en que verán varias impugnaciones legales. Dijo que preferiría que esos desafíos no sean hechos por el gobierno federal.

Una ley divisiva

Anglade dijo que la ley 96 es divisiva y que no le convence la afirmación de Legault de que nada cambiará en la atención a la salud, señalando que incluso el Colegio de médicos de Quebec ya denunció la semana pasada la existencia de graves zonas grises en el proyecto de ley en materia de prestación de servicios de salud.

Ella también calificó de irreal, inaceptable y contraproducente la obligación de que los nuevos inmigrantes aprendan francés en seis meses.

La Red de Grupos Comunitarios de Quebec, QCGN por sus siglas en inglés, una organización que promueve los derechos de los anglófonos en la provincia, dijo que estaba profundamente decepcionada por la aprobación de dicha ley.

Marlene Jennings, presidenta de la QCGN y una firme crítica de esa legislación, pronunció un discurso en la gran manifestación contra el proyecto de ley 96 en el centro de Montreal, llevada a cabo hace más de una semana.

En un comunicado, Jennings dijo que el proyecto de ley 96 es la derogación más importante de los derechos humanos en la historia de Quebec y Canadá.

Jennings dijo que la creación por parte del gobierno provincial de un grupo de anglófonos a los que denominó comunidad anglófona histórica dejaba fuera a miles de personas de diversos orígenes que se verían perjudicadas al no poder acceder a los servicios de primera línea en inglés.

Esta legislación revoca el derecho de acceso a los servicios en inglés para unos 300.000 a 500.000 quebequenses anglófonos, decía el comunicado.

El grupo también se opone a la ampliación de los poderes que la ley otorga a la Oficina quebequense de la lengua francesa (OQLF), el organismo gubernamental responsable de la vigilancia y aplicación de la Carta de la lengua francesa. La ley 96 permite ahora a la OQLF realizar registros sin necesidad de una orden judicial.

La Asociación de Consejos Escolares Ingleses de Quebec se manifestó en contra de la aprobación de la ley el martes por la noche, declarando en las redes sociales que la ley 96 es mala no sólo para los quebequenses de habla inglesa, sino para todo Quebec.

Fuente: CBC / V. Stevenson / L. Marchand

Adaptación: RCI / R. Valencia