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Canadá: empleados federales se organizan para rechazar vacunación obligatoria

Une femme reçoit une dose de vaccin dans son bras gauche.

Los empleados federales tienen hasta el viernes 29 de octubre para dar a sus empleadores su estatus de vacunación.

Foto: getty images/istockphoto / Moha El-Jaw

RCI

Empleados de la función pública federal se están organizando para evitar cumplir con la obligación de estar completamente vacunados.

Un grupo, creado por funcionarios molestos con la política del gobierno de Justin Trudeau está intercambiando consejos y trucos como enviar mensajes de anulación de la medida a los empleadores. El grupo cuenta con más de 4000 miembros.

Se trata de Feds for Freedom, un grupo que incluyó en su sitio web todos los documentos necesarios para ayudar a los funcionarios en sus gestiones: una guía con medidas a seguir, modelos de cartas y una copia de la solicitud a enviar a los empleadores.

El grupo sugiere que un funcionario puede reclamar hasta 35 000 dólares a un gerente o cualquier otra persona que haya violado sus derechos al plantear la posibilidad de despido si se niega a revelar su estado de vacunación.

Recordemos que los empleados federales, incluyendo a los de la Policía Montada de Canadá, tienen hasta el 29 de octubre para confirmar a su empleador su estatus de vacunación. La medida anunciada a inicios de octubre prevé que los trabajadores que no estén plenamente vacunados o que no deseen compartir su estatus, serán suspendidos, sin salario, a partir del 15 de noviembre.

Un periodo de 10 semanas sin medidas punitivas será acordado a los empleados que solo tienen una dosis de vacuna, para poder permitirles que reciban la segunda dosis.

Los responsables de Feds for Freedom no respondieron a las preguntas de Radio-Canada.

En una declaración, sin embargo, el grupo asegura no estar en contra de las vacunas. Estima que los empleados deben unirse para denunciar la vacunación obligatoria de los funcionarios, porque ningún empleador tiene derecho legal o moral para hacer amenazas o aplicar esta política.

El Secretario del Consejo del Tesoro asegura que los empleados que no puedan vacunarse por razones médicas o por motivos religiosos pueden pedir excepciones. En una declaración escrita advirtió a los empleados que quienes entreguen atestaciones falsas se exponen a medidas disciplinarias que pueden implicar el despido.

Las atestaciones serán verificadas y los empleadores pueden pedir una prueba de vacunación en todo momento.

De esta manera, el Consejo del Tesoro pide a los jefes hablar con aquellos trabajadores que se muestren dubitavos a vacunarse.

Polarización

Los sindicatos que representan a los funcionarios se muestran de acuerdo con el hecho de que los trabajadores se organicen para oponerse a la política de vacunación obligatoria. Desde hace semanas, reciben un gran número de mensajes de empleados preocupados.

Stéphane Aubry, vicepresidente del Instituto profesional de la función pública de Canadá, indica que reconocen que algunos trabajadores tienen problemas para respetar la obligación de vacunarse.

Los empleados tienen temor de lo que pueda pasar. Su empleo y su día a día están en juego. La gente trata de sobrevivir, y cuando se suma la posibilidad de quitarles el salario, todo se pone más difícil. Es un tema que divide y tiene el potencial de llevar a la violencia”, asegura Nicholas Marcus Thompson, presidente del Sindicato de empleados del Impuesto, que representa a 800 miembros de la Agencia de Renta de Canadá (en la región de Toronto).

Importante destacar que la política de vacunación obligatoria aún no se aplica a los trabajadores de las agencias como la de rentas, pero en estos momentos el gobierno lleva a cabo discusiones para detemrinar cuándo se podría aplicar.

Según Thompson, el tema de la vacunación obligatoria crea un una división importante en los extremos. Teme que contribuya a un clima de trabajo tenso, que podría llevar a ciertos excesos. “Cuando hablamos con los miembros y escuchamos de ambos lados lo comprometidos que están con este tema, es realmente perturbador”.

Entre los empleados que se oponen a la vacunación obligatoria y los preocupados por estar cerca de colegas no vacunados, los representantes sindicales caminan sobre un suelo no firme de defender los intereses de todos sus miembros, incluidos los que desafían la política del gobierno.

“Continuamos representándolos en los casos en los que el empleador rechaza sus solicitudes de adaptación", explica Aubry. “Los apoyaremos caso por caso, mientras los alentaremos a considerar la vacunación”.

Hay, sin embargo, quienes aseguran que los sindicatos no están haciendo lo suficiente por defender los intereses de los trabajadores. El grupo Feds por Freedom está organizando jornadas de movilización a partir del lunes en Ottawa, para exigir un mejor apoyo de los representantes sindicales.

Poco margen de maniobra

Geneviève Beaudin en entrevue avec Radio-Canada.

La abogada especializada en derecho laboral, Geneviève Beaudin, considera que los empleados federales tienen poco margen de maniobra.

Foto: Radio-Canada

Pese a los mecanismos de presión ejercidos por algunos funcionarios federales, Geneviève Beaudin, abogada especializada en derecho laboral, cree que hay poco margen de maniobra para que la medida pueda ser ignorada o refutada.

“No veo manera de no cumplir que pedir medidas de adaptación como una contraindicación médica o por motivos religiosos”, asevere.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, indicó cuando hizo el anuncio que las excepciones a la política serán muy raras.

Una minoría

Cuando se hizo el anuncio, el gobierno federal de Canadá estimaba que la proporción de empleados federales que no estaban plenamente vacunados debía ser parecida a la de la población en general, en torno a una persona por cada cinco.

“Hablamos de un pequeño número de funcionarios que expresan sus inquietudes y sus demandas”, advierte Aubry.

Los sindicatos y representantes gubernamentales esperan la fecha límite de 29 de octubre para tener un perfil más claro del número de empleados que no están completamente vacunados o que habrán rechazado dar su estatus de vacunación. Para el pasado 20 de octubre, unos 200 000 funcionarios de 267 000 habían ya entregado su atestación de su estatus, según el gobierno federal canadiense.

Fuente: Radio-Canada | MGA

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