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Los abogados se preparan para la primera ola de despidos de personas no vacunadas

Un edificio de una Corte de Justicia.

Las Cortes de Justicia en Canadá serán el escenario de la batalla entre derechos individuales y derechos colectivos en materia de vacunación obligatoria para frenar los contagios del Covid-19 en los lugares de trabajo.

Foto: Radio-Canada / Stephen Jaison Empson

RCI

Canadá se enfrenta a una posible oleada de despidos relacionados con las políticas de vacunación obligatoria en los lugares de trabajo, ya que un número cada vez mayor de empleadores exigen que sus empleados estén totalmente vacunados contra el Covid-19. De lo contrario se arriesgan a perder sus puestos de trabajo, dicen los expertos jurídicos.

Los gobiernos, las instituciones y las empresas han pasado meses elaborando normas de vacunación en un intento de frenar una pandemia implacable alimentada por las variantes y las personas no vacunadas.

A medida que se acercan los plazos fijados por los empleadores para que su personal se vacune por completo, las personas no vacunadas corren el riesgo de ser colocadas bajo licencia no remunerada o ser echadas de sus puestos de trabajo, dicen los abogados.

Nos han contactado miles de personas de todo Canadá diciendo que tienen estos ultimátums para vacunarse hasta una fecha determinada y que corren el riesgo de perder su trabajo, dijo en una entrevista el abogado especializado en derecho laboral Lior Samfiru, socio de la firma Samfiru Tumarkin LLP.

Vamos a ver la mayor oleada de despidos que hemos visto desde que comenzó la pandemia, dijo, señalando que su bufete fue contactado por trabajadores de una amplia gama de sectores, incluyendo la salud, la educación, los bancos, la construcción y los restaurantes. Será significativo, añadió.

Los normas de vacunación plantean interrogantes

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, presentó este miércoles 6 de octubre la nueva política de vacunas obligatorias en el país.

Esas normas exigen que los funcionarios de la administración pública, el transporte aéreo y los empleados ferroviarios deben estar totalmente vacunados contra el Covid-19 a más tardar a finales de octubre.

Las normas de vacunación del gobierno federal reflejan las políticas provinciales, como las de Nueva Escocia, donde todos los trabajadores escolares y sanitarios deberán haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 hasta antes del fin de noviembre.

Las empresas privadas también han desarrollado políticas corporativas de vacunación, con plazos inminentes para que su personal esté totalmente vacunado.

La situación ha dejado a los expertos legales lidiando con la tensión entre la protección de los derechos individuales de los trabajadores y la obligación de los empleadores de resguardar la salud y seguridad de su personal, sus clientes y el público en general.

Las normas de vacunación obligatoria también plantean interrogantes sobre qué acomodamientos razonables o exenciones deberían estar disponibles para los trabajadores y si los empleados no vacunados que finalmente son despedidos tienen derecho a una indemnización.

El empleador tiene la obligación primordial de garantizar la seguridad en el lugar de trabajo, afirma Ron Pizzo, abogado en derecho laboral de la firma Pink Larkin en Halifax, provincia de Nueva Escocia.

Al ser el Covid-19 una enfermedad aguda que puede causar la muerte, el riesgo de daño es bastante alto, dijo. Los empleadores están imponiendo esas políticas por razones válidas, ya que tienen el deber de mantener su lugar de trabajo seguro.

Pizzo dijo que su bufete está recibiendo bastantes llamadas de personas que no quieren vacunarse y quieren luchar contra las exigencias de vacunación establecidas por sus empleadores.

Aun así, dijo que no espera que se produzcan renuncias masivas que dejen a las empresas sin suficientes trabajadores, dada la tasa de vacunación relativamente alta entre la población general. Algo más del 80% de los canadienses mayores de 12 años están totalmente vacunados.

El abogado Pizzo también señaló que muchos bufetes de abogados están implementando políticas de vacunación obligatoria para las reuniones presenciales en la oficina.

El profesor de derecho de la Universidad de Dalhousie, Wayne MacKay.

El profesor de derecho de la Universidad de Dalhousie, Wayne MacKay.

Foto: Radio-Canada / CBC/Jean Laroche

La mayoría de las restricciones gubernamentales son razonables

Wayne MacKay, profesor emérito de la Facultad de Derecho en la Universidad Dalhousie, dijo que los empleadores tienen que equilibrar los derechos individuales de los trabajadores, ofreciendo por ejemplo acomodamientos razonables, con el mantenimiento de un entorno de trabajo seguro.

El académico añadió que una reciente revisión de casos relacionados con el equilibrio entre derechos individuales y salud pública, han primado los intereses públicos sobre los individuales.

He revisado muchos casos y decisiones de los tribunales, y la gran mayoría dice que aunque los derechos individuales son importantes y hay que hacer todo lo posible por respetarlos, en tiempos de pandemia, los límites razonables tendrán un mayor alcance, dijo MacKay.

La mayoría de las restricciones que los gobiernos han establecido fueron encontradas razonables dada la amenaza del Covid-19.
Wayne MacKay, profesor emérito de la Facultad de Derecho en la Universidad Dalhousie.

Aunque esos casos no trataban específicamente sobre la obligación de las vacunas, MacKay dijo que probablemente se aplicaría el mismo razonamiento, añadiendo que hay muy pocas razones legítimas para buscar una exención a una política de vacunas, como por ejemplo por razones médicas.

El académico también dijo que algunos lugares de trabajo probablemente tendrán una mayor necesidad de vacunas obligatorias que otros.

Si se puede trabajar exclusivamente desde casa, no es un argumento muy convincente exigirle a esa persona que se vacune como parte de su empleo. Si la persona trabaja en el sector público y sirve al público, entonces el exigir la vacunación es un argumento mucho más verosímil.
Wayne MacKay, profesor emérito de la Facultad de Derecho en la Universidad Dalhousie.

En cuanto a si los trabajadores despedidos por negarse a vacunarse tienen derecho a una indemnización, MacKay dijo que depende del entorno laboral, de cuán válida es la necesidad de la política de vacunación obligatoria y de si el trabajador estaba sindicalizado o no.

El abogado Lior Samfiru sugirió que los trabajadores despedidos que no reciban una indemnización suficiente podrían argumentar un despido injustificado.

El empleador está imponiendo una nueva norma que no formaba parte del acuerdo de empleo original, dijo. Eso se convierte en un despido sin causa y se debe pagar la indemnización. Más allá de eso, también podría haber una reclamación en materia de derechos humanos.

Fuente: CBC / B. Bundale / RCI / Adaptación RV

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