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Senado canadiense aprueba proyecto de ley sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Una indígena celebra una ceremonia en la colina del Parlamento en Ottawa.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación pidió a los gobiernos federal, provinciales, territoriales y municipales que adopten y apliquen plenamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como marco para la reconciliación.

Foto: Radio-Canada / Andrew Lee

RCI

Un histórico proyecto de ley federal que busca armonizar las leyes de Canadá con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha sido aprobado en tercera lectura este 16 de junio en el Senado en Ottawa, allanando el camino para que el proyecto se convierta en ley antes de unas posibles elecciones federales.

El proyecto de Ley C-15 fue aprobado con una votación final de 61 votos a favor, 10 en contra, además de la abstención de nueve senadores.

Este proyecto de ley para la implementación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tuvo un duro recorrido tanto en la Cámara de los Comunes como en el Senado.

En ambas cámaras los conservadores expresaron su preocupación por las posibles repercusiones negativas de la legislación.

Los diputados conservadores votaron en contra del proyecto de ley, argumentando que otorgaría a los pueblos indígenas un veto sobre los proyectos de recursos naturales.

En el Senado, algunos senadores conservadores expusieron las preocupaciones de seis primeros ministros provinciales conservadores, quienes expresaron fuertes reservas sobre cómo ese proyecto de ley federal que reconoce los derechos de los pueblos indígenas podría afectar las leyes provinciales así como las áreas de jurisdicción.

Ante la posibilidad de unas elecciones federales en los próximos meses en Canadá, el proyecto de ley necesitaba ser aprobado antes de que el Parlamento suspenda sus sesiones la semana que viene para evitar que muriera en el orden del día por tercera vez.

La aprobación de ese proyecto de ley en la Cámara alta significa que pronto recibirá la aprobación real, algo que, según Perry Bellegarde, jefe nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, marcará un hito importante para los pueblos indígenas y todos los canadienses en el camino hacia la reconciliación.

Canadá debe tomar ahora todas las medidas necesarias para garantizar que las leyes de Canadá sean coherentes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dijo Bellegarde en una serie de tuits en reacción a la votación en el Senado.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ayudará a corregir las injusticias del pasado y a garantizar que los pueblos indígenas tengan un futuro brillante y próspero en Canadá.
Perry Bellegarde, jefe nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones.
Primer plano del rostro de Perry Bellegarde, con el tradicional tocado de plumas.

Perry Bellegarde, el jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá, durante un discurso en la ONU.

Foto: La Presse canadienne / Adrian Wyld

La aplicación de la legislación es el próximo objetivo

El siguiente paso, dijo Bellegarde, es que Canadá prepare un plan de acción para aplicar la legislación, que está prevista en el proyecto de ley. Subrayó que esto debe hacerse en consulta y cooperación con los pueblos indígenas.

El Proyecto de ley C-15 es el tercer intento para que el Parlamento apruebe la aplicación de esa declaración de la ONU en Canadá.

Romeo Saganash, ex diputado del Nuevo Partido Democrático, presentó dos proyectos de ley para la implementación de esa declaración. El primero fue derrotado en segunda lectura en los Comunes en 2014 y el segundo se estancó en el Senado justo antes de las elecciones de 2019.

Los liberales convirtieron el proyecto de Saganash en un proyecto de ley del Gobierno el año pasado y lo han defendido como una forma de crear leyes y políticas que deben ser elaboradas desde el principio conjuntamente con los titulares de los derechos indígenas, en lugar de consultarles a posteriori sobre leyes e iniciativas que podrían afectarles.

La declaración de la ONU, que Canadá respaldó en 2010, afirma los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a su lengua, su cultura y sus tierras ancestrales.

También establece la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado de parte de los pueblos indígenas sobre cualquier proyecto, iniciativa o decisión que afecte sus tierras o sus derechos.

Los conservadores alertaron repetidamente de que ese proyecto de ley no incluía una definición de consentimiento, lo que podría significar que una Primera Nación podría poner fin unilateralmente a un oleoducto o a un proyecto de extracción de recursos naturales, aún en caso en que otros titulares de derechos indígenas estén de acuerdo.

En una reciente entrevista, el ministro federal de Justicia, David Lametti, dijo que no se había establecido ninguna definición de lo que es el consentimiento en el proyecto de ley porque cada situación será diferente. No puede haber (una definición). Es muy contextual, dijo.

El ministro federal de Justicia, David Lametti en el Parlamento en Ottawa.

El ministro federal de Justicia, David Lametti.

Foto: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Se debe consultar plenamente antes de llevar a cabo cambios

Las estructuras de gobierno tradicionales y la forma en que las comunidades indígenas existen y toman decisiones son muy diferentes en todo Canadá, dijo el ministro Lametti.

Debido a esta complejidad, no se puede establecer una definición y decir: 'Bueno, si se habla con X número de grupos, será suficiente', eso simplemente no funcionará, explicó Lametti.

Lo que intentamos hacer es tratar el consentimiento libre, previo e informado de parte de los pueblos indígenas como un proceso, lo que me parece que es fiel a la propia redacción de la declaración, y hacer recaer esa responsabilidad de consultar de forma significativa a los pueblos indígenas en los gobiernos no indígenas, en los extractores de recursos no indígenas, en la industria privada, en quien sea, en cualquier contexto que sea apropiado.
David Lametti, ministro de Justicia de Canadá.

El martes por la noche, el senador conservador Claude Carignan intentó introducir algunos cambios de última hora en el proyecto de ley sobre la inclusión de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en un intento de reflejar las preocupaciones de los primeros ministros conservadores que se oponen a ese proyecto de ley federal.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford; el primer ministro de Alberta, Jason Kenney; el primer ministro de Saskatchewan, Scott Moe; el primer ministro de Manitoba, Brian Pallister, y el primer ministro de Nueva Brunswick, Blaine Higgs, escribieron una carta conjunta al primer ministro, Justin Trudeau, a principios de esta primavera, en la que pedían que se introdujeran enmiendas para dejar claro que el proyecto de Ley C-15 no cambiaría las leyes provinciales ni cuestionaría la jurisdicción provincial.

Los conservadores también querían que se especificara en la ley la obligación de consultar a las provincias en la preparación del plan de acción nacional para alcanzar los objetivos de la declaración de la ONU.

Los jefes hereditarios indígenas wet'suwet'en Rob Alfred, John Ridsdale y Antoinette Austin, marchan en Smithers, Columbia Británica.

Los jefes hereditarios indígenas wet'suwet'en Rob Alfred, John Ridsdale y Antoinette Austin, se opusieron a la construcción de un gasoducto Costal GasLink en sus tierras ancestrales en Columbia Británica.

Foto: La Presse canadienne / Jason Franson

El plan de acción para la aplicación de esa ley deberá entregarse en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de dicha ley.

Las enmiendas de Carignan fueron rechazadas, pero el ministro federal de Servicios Indígenas, Marc Miller, dijo que el ministro de Justicia Lametti y la ministra de Relaciones entre la Corona y los Indígenas, Carolyn Bennett, mantuvieron una serie de conversaciones con los primeros ministros provinciales antes de la aprobación de este proyecto de ley y que Ottawa respeta sus preocupaciones y opiniones.

El ministro Miller dijo que algunos creen que ese proyecto de ley tendrá implicaciones negativas de gran alcance, mientras que otros pueden tener esperanzas muy elevadas sobre lo que significará ese proyecto de ley en términos prácticos.

No será la panacea final, pero, en mi opinión, es el comienzo mismo de un proceso en el que se les reconoce a los pueblos indígenas al menos un mismo punto de partida, un punto de partida muy, muy importante como parte de un (proceso) muy difícil en el camino hacia la reconciliación.
Marc Miller, ministro federal de Servicios Indígenas.

Fuente: CBC / RCI / Adaptación RV

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